Por Aneuris Hernández
El sistema de seguridad social en la República Dominicana, diseñado para garantizar el bienestar de los trabajadores y su futuro, se ha convertido en el epicentro de uno de los mayores fraudes de la historia reciente del país. Lo que en principio debía ser un sistema de protección y apoyo para los ciudadanos, se ha deformado en una maquinaria compleja que sirve a intereses privados y a una élite corrupta, despojando a los trabajadores de sus derechos y su dinero.
Desde su creación en 2001, la Ley 87-01 que regula el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) ha sido motivo de controversia, no solo por su estructura defectuosa, sino por las irregularidades que han salido a la luz a lo largo de los años. Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) han sido constantemente acusadas de actuar en complicidad con sectores corruptos que utilizan el dinero de los trabajadores para su propio beneficio, todo bajo el manto de legalidad que les ofrece el sistema.
Una Mafia Legalizada
El verdadero problema radica en que el sistema, tal y como está diseñado, parece estar hecho a la medida de aquellos que buscan enriquecerse a expensas de los más vulnerables. Los fondos de pensiones, que deberían ser el sustento de millones de trabajadores al llegar a la jubilación, son utilizados por las AFP para inversiones que generan beneficios multimillonarios, mientras que los trabajadores apenas ven crecer sus fondos. Los retornos que ofrecen a los cotizantes son miserables en comparación con las ganancias que estas entidades obtienen por las inversiones de esos mismos fondos.
Pero el fraude va más allá de las AFP. Las ARS han sido acusadas de negar tratamientos médicos esenciales, obligando a los pacientes a pagar de sus bolsillos por servicios que ya han sido cubiertos por sus cotizaciones. Esto ha generado una crisis en el acceso a la salud, donde las personas más necesitadas son las más afectadas. Los seguros se han convertido en un negocio, no en un servicio público, y la salud de los dominicanos queda a merced de la codicia de estas corporaciones.
Complicidad de las Autoridades
Uno de los aspectos más alarmantes es la complicidad de las autoridades gubernamentales que, en lugar de fiscalizar y reformar el sistema para garantizar justicia y equidad, han permitido que estas irregularidades se mantengan. En muchos casos, políticos y empresarios ligados al poder tienen vínculos directos o indirectos con las AFP y ARS, lo que crea un conflicto de intereses que impide cualquier cambio sustancial.
El reciente debate sobre la modificación de la Ley 87-01 ha puesto en evidencia la falta de voluntad política para hacer cambios profundos. Las propuestas para una mayor transparencia, para mejorar las condiciones de los trabajadores y para garantizar un acceso digno a la salud y a las pensiones han sido desestimadas o bloqueadas, lo que ha generado indignación en la población. Movimientos sociales, como el liderado por Pedro Botello y otros activistas, han salido a las calles para denunciar esta mafia legalizada, exigiendo que se devuelva el 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores en medio de la crisis económica.
El Robo Sistémico a los Trabajadores
Lo que estamos presenciando no es solo una falta de gestión, es un robo sistemático a los trabajadores dominicanos. Se les priva de una vida digna en su vejez, se les niega acceso a la salud de calidad y se les condena a una constante incertidumbre sobre su futuro. Mientras tanto, las corporaciones que controlan el sistema amasan fortunas, y las autoridades hacen la vista gorda o, peor aún, son cómplices directos de este saqueo.
La falta de rendición de cuentas y la opacidad con la que operan las AFP y las ARS solo contribuyen a profundizar la desconfianza de los trabajadores en el sistema. Los informes sobre la gestión de los fondos son incompletos, las auditorías se realizan de manera superficial y los beneficiarios, los verdaderos dueños del dinero, no tienen voz ni voto en cómo se administra su capital.
¿Es Posible una Reforma?
La pregunta que muchos se hacen es si es posible reformar un sistema que parece estar tan profundamente corrompido. La realidad es que cualquier intento de cambio debe enfrentar no solo a las poderosas corporaciones que controlan el sistema, sino también a los intereses políticos que se benefician de su actual funcionamiento. Sin embargo, la creciente movilización de los trabajadores y el descontento generalizado podrían ser el motor de una transformación real.
Es imperativo que el gobierno asuma su responsabilidad y actúe en favor de los trabajadores. La transparencia, la rendición de cuentas y la participación activa de los cotizantes deben ser pilares fundamentales en cualquier reforma. Solo con un sistema que priorice el bienestar de los ciudadanos por encima del lucro privado se podrá restaurar la confianza en la seguridad social del país.
Conclusión
El sistema de seguridad social en la República Dominicana, tal como funciona hoy en día, no es más que un mecanismo para perpetuar la desigualdad y el abuso de los trabajadores. Lo que debería ser un derecho básico se ha convertido en un negocio lucrativo para unos pocos, mientras la mayoría sufre las consecuencias. Es hora de que los dominicanos se unan en la exigencia de una reforma integral y de que las autoridades asuman su responsabilidad en la protección de los derechos de los trabajadores. De lo contrario, la mafia que opera en el sistema seguirá desangrando el futuro de millones de dominicanos.
Seguimos firme encontra de esta mafia corrupta llamada afp y ars, que solo beneficia a un grupito de la oligarquía empresarial y el gobierno corrupto cómplices, trabajadores despierten cuando los chiquito se levantan, los grandes se caen.
Estoy de acuerdo con una revisión formal en las que Pedro botellón ser uno de que confomer esa acuerdo reviociones