por Aneuris Hernández
Ha pasado casi una semana desde que Pedro Botello y Surum Hernández presentaron una querella ante el Ministerio Público por el escandaloso desvío de más de 13,000 mil millones de pesos de los fondos de pensiones, y hasta ahora, no se ha emitido ni una sola respuesta oficial. El silencio de las autoridades es, como mínimo, alarmante, pero en este caso, empieza a resultar sospechoso.
¿Cuánto tiempo más van a tardar en pronunciarse sobre un asunto que afecta directamente a miles de trabajadores? Estamos hablando del posible robo de los ahorros de toda una vida, de un golpe monumental al futuro económico de quienes confían en el sistema de pensiones para su retiro. La inacción del Ministerio Público frente a esta denuncia plantea serias dudas sobre su compromiso con la justicia. ¿Es incapacidad o complicidad?
El monto de más 13,000 mil millones de pesos no puede simplemente ignorarse o relegarse a un segundo plano. Estos recursos pertenecen a los trabajadores dominicanos, quienes confían en que las autoridades protejan sus intereses. Sin embargo, en lugar de actuar con la rapidez y diligencia que exige la situación, el Ministerio Público ha optado por el mutismo total, dejando a la ciudadanía en el limbo.
Pedro Botello y Surum Hernández, conocidos por su férrea defensa de los derechos laborales, han sido claros en su demanda: justicia y transparencia. No es la primera vez que estos activistas exigen responsabilidad en el manejo de los fondos de pensiones, pero esta vez el escándalo es mayúsculo. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué tanto silencio?
La falta de respuesta no solo es una falta de respeto para los trabajadores, sino también un golpe a la confianza en las instituciones. ¿Qué se oculta detrás de este mutismo? Cada día que pasa sin una declaración oficial alimenta la percepción de que algo más oscuro está en juego.
El Ministerio Público tiene la obligación de dar la cara ante una sociedad que exige respuestas. No puede permitirse el lujo de permanecer en silencio mientras las sospechas crecen y la indignación pública aumenta. Si las autoridades no actúan con rapidez, quedará la duda de si son cómplices de este fraude o simplemente son ineficientes. Cualquiera de las dos opciones es inaceptable.
La justicia no debe tener excusas ni plazos indefinidos. El pueblo dominicano merece una explicación clara y acciones contundentes para investigar este monumental desfalco. El silencio no es una opción, y cada día que pasa sin respuestas es una bofetada a la justicia y a los derechos de los trabajadores.
La AFP son una banda de ladrones pero recuerda que Dios no escribe en línea torcida
Así es
Dios tenga misericordia de nosotros